La Celac y la integración latinoamericana y caribeña
La Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) representa un esfuerzo de integración
política superior en América Latina y el Caribe, que surgió impulsado por el liderazgo
de las dos potencias regionales, México y Brasil. Ante las dificultades para articular la diversidad, emerge una voluntad
política renovada en torno de la
integración y, en especial, de un nuevo regionalismo. Los trabajos que
desarrollen Chile durante este año, Cuba en 2013 y Costa Rica en 2014 serán
determinantes para el éxito de esta nueva y pujante iniciativa de integración
política latinoamericana y caribeña
La integración es un
camino para posibilitar que mejoren las condiciones de la inserción internacional,
para ampliar y consolidar el desarrollo otorgándole sustentabilidad –y a la
vez mejorar el bienestar de la población– y para afianzar la estabilidad y la
paz. Esto significa que la integración debe constituirse en un proyecto político
estratégico, y la base esencial para ello es pensar y sentir de manera
compartida, para construir una voz común en áreas sustantivas que permitan
alcanzar las metas antes señaladas. Este
proyecto político estratégico1 promovido por los procesos de integración
resulta necesario en tiempos de globalización. La globalización es el factor
que mayor incidencia tiene en el sistema internacional, el elemento crucial en
las relaciones de poder mundial, con excepción del poder militar. El peso de
las variables externas es cada vez mayor en la política interna; de allí la
importancia de generar visiones, orientaciones y coordinaciones sobre este
conjunto de temas que se ven acelerados con los cambios globales.
Hasta
el momento, la región ha demostrado ser incapaz de plantear un proyecto
político estratégico que le permita presentarse como actor importante y unido
en el escenario internacional. La fragmentación que evidencia América Latina y
el Caribe tiene consecuencias negativas, particularmente porque la hace más
vulnerable al impacto de la globalización, le impide percibir los frutos de los
aspectos positivos y abre mayores espacios para el influjo del «lado oscuro» de
la globalización. En síntesis, aumentan los costos de transacción para todos,
independientemente del tipo de proyecto político nacional que se impulse.
Durante
los últimos años se desarrollaron en América Latina y el Caribe iniciativas y
acuerdos significativos que podrían contribuir a generar un mejor clima para
esos procesos, abriendo oportunidades de cooperación recíproca y generando
espacios de beneficios mutuos.
Existe
cierto consenso en que América Latina y el Caribe apunta hacia la constitución
de una nueva forma de regionalismo e integración2, en el marco de la cual
priman los aspectos políticos sobre los comerciales y la cuestión de la
soberanía ha adquirido especial importancia. A esta tendencia, que es más
evidente en los países sudamericanos, se debe sumar el hecho de que los nuevos
instrumentos creados por este tipo de regionalismo, como por ejemplo la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (alba), reivindican, en el primer caso, los esfuerzos puramente
suramericanos, y en ambos, la identidad regional. En los países
centroamericanos y México, donde los vínculos con Estados Unidos son más
estrechos y continúan dándose en condiciones de poder desiguales, los proyectos
de integración regional no han adquirido ese fuerte componente político, por lo
que sigue siendo el componente principal el comercial. Los esfuerzos en este
ámbito desarrollados desde el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla no
son comparables a los desarrollados desde la Unasur y el alba. La importancia
de privilegiar la dimensión política y de cooperación de los procesos de
integración debe ser enfatizada. La integración como objetivo histórico no
puede y no debe ser equiparada con los procesos de apertura comercial. De
hecho, esta apertura tiene sentido y adquiere gravitación si viene acompañada
de procesos de armonización y articulación regional crecientes, basados en un
efectivo diálogo político, sustentados en una adecuada normativa y acompañados
por una mínima estructura institucional, para afianzar el proceso.
El
tránsito desde la soberanía tradicional a una de carácter agregado, producto de
la asociación, es aún lento. Los tiempos de construcción de acuerdos
vinculantes y de marcos institucionales de complementación y asociación
efectivos son prolongados. En la actualidad, los procesos integradores sufren
de un déficit de certidumbre respecto a la aplicación de los acuerdos
adoptados. Estos, incluso siendo vinculantes, no se cumplen.
El
surgimiento de esta nueva forma de regionalismo, si bien tiene un claro énfasis
regional, al mismo tiempo pareciera apuntar a la promoción a escala global del
desarrollo de un multilateralismo cooperativo. Bajo esta nueva lógica se
desarrollan los esfuerzos en torno de la creación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como forma de potenciar el propio
regionalismo latinoamericano que logre concertación y cooperación intrarregión,
pero que además posicione a América Latina y el Caribe como actor político
global.
Camino a la conformación de una comunidad de
Estados latinoamericanos y caribeños
Si
bien la idea de crear una organización de Estados latinoamericanos y caribeños
no es nueva, su necesidad ha sido señalada por numerosos líderes de la región y
fue estudiada por el Grupo de Río. La creación de la Celac se desprendió
principalmente de los esfuerzos concretos de dos de los actores de mayor peso
en la región: México y Brasil.
La
propuesta de México. En la Cumbre de Turkeyen del Grupo de Río en 2007, el
presidente de México, Felipe Calderón, expresó su interés en constituir una
comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas. En 2008, el gobierno
mexicano manifestó oficialmente su interés por conformar una Unión
Latinoamericana y del Caribe (ulc), en el marco de las reuniones de los
coordinadores de trabajo del Grupo de Río, y lo ratificó en 20093.
Los
principios que orientarían las acciones de la ulc, siguiendo lo establecido en
la Declaración de Salvador de Bahía eran: solidaridad, flexibilidad,
pluralidad, diversidad, complementariedad de acciones, participación voluntaria
en las iniciativas. Estos principios se enmarcaron en la búsqueda de un
desarrollo regional integrado, no excluyente y equitativo. De igual forma, se
hacían votos por la formación de un orden internacional más justo, equitativo y
armónico, así como por el aseguramiento de la igualdad soberana de los Estados
y el respeto a la integridad territorial y la no intervención. Todo esto, englobado
en la promoción de la democracia, los derechos humanos, la transparencia y la
representatividad.
La
pretensión era que el nuevo foro se constituyera en un espacio de diálogo y
concertación política a partir de las seis funciones que desempeña el Grupo de
Río: a) diálogo y concertación política; b) interlocución con otros actores; c)
concertación de posiciones comunes en foros internacionales; d) impulso a la
agenda latinoamericana y caribeña en foros globales; e) posicionamiento de
América Latina y el Caribe ante acontecimientos relevantes y f) convergencia de
mecanismos subregionales de integración.
La
propuesta brasileña. La iniciativa brasileña se materializó mediante la
realización de la primera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre
Integración y Desarrollo (calc), por impulso del gobierno de Luiz Inácio Lula
da Silva. La realización de esta cumbre se enmarcó en la búsqueda de una mayor
autonomía de América Latina y el Caribe, luego de décadas de «olvido» por parte
de eeuu y en un contexto en el que surgen nuevos actores globales, entre ellos
Brasil. Al igual que otras economías emergentes, Brasil está buscando alcanzar
una mayor incidencia en los organismos multilaterales y en la política
internacional. Para ello requiere de un contexto regional estable, por lo que
ha procurado un mayor desarrollo socioeconómico de sus vecinos. De esta manera,
los brasileños han venido cambiado su relación con la región, especialmente con
América del Sur, no solo en términos de una mayor interdependencia económica,
sino también de mayor responsabilidad política4. De ahí su liderazgo en la
creación de la Unasur y en la convocatoria a las calc y su apoyo decidido a la
constitución de la Celac.
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